Título ejecutivo

Un título ejecutivo es el documento al que la ley reconoce fuerza suficiente para abrir directamente un procedimiento de ejecución forzosa, sin necesidad de un juicio declarativo previo que determine si existe la obligación. La lista cerrada está en el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin título ejecutivo, un acreedor no puede instar un embargo ni una ejecución hipotecaria: debe antes obtener uno mediante un procedimiento declarativo ordinario.

Cómo funciona

La ejecución forzosa es un procedimiento judicial simplificado en el que el juez no discute si la obligación existe —ya consta en el título— sino solo cómo ejecutarla sobre el patrimonio del deudor. Por eso la lista de documentos que pueden servir de título está tasada: la ley no admite otros distintos de los recogidos en el art. 517. Presentado el título, el juez despacha ejecución en el plazo breve del art. 553 LEC y el deudor dispone, según el tipo de ejecución, de 10 días para oponerse por causas también tasadas.

Los títulos ejecutivos pueden ser judiciales (creados por un órgano jurisdiccional o equiparable) o extrajudiciales (creados por un notario o por otros procedimientos previstos en la ley).

Tipos

El art. 517.2 LEC enumera los títulos ejecutivos civiles:

Tipo	Categoría	Ejemplo habitual
Sentencia de condena firme	Judicial	Sentencia civil de condena al pago de una cantidad tras un monitorio o un ordinario
Laudo arbitral o resolución arbitral firme	Judicial	Laudo del Tribunal Arbitral de Barcelona sobre un conflicto contractual
Acuerdo de mediación elevado a escritura pública	Judicial	Acuerdo del mediador concursal en un acuerdo extrajudicial de pagos
Resolución judicial que homologue una transacción	Judicial	Auto homologando un pacto extrajudicial
Escritura pública con copia ejecutiva	Extrajudicial	Escritura de préstamo hipotecario autorizada por notario
Póliza de contrato mercantil firmada ante notario	Extrajudicial	Póliza de crédito personal intervenida por fedatario
Certificados de anotaciones en cuenta	Extrajudicial	Títulos de valores representados mediante anotaciones en cuenta

La lista es cerrada: un simple burofax impagado, una factura firmada o un correo electrónico reconociendo la deuda no son títulos ejecutivos, aunque puedan servir como medios de prueba en un juicio monitorio u ordinario previo.

Plazos y prescripción

El art. 518 LEC fija un plazo de caducidad de cinco años para instar la ejecución de sentencias judiciales, resoluciones de tribunales arbitrales y acuerdos de mediación, contados desde su firmeza. Vencido ese plazo, el título pierde su fuerza ejecutiva aunque la obligación civil subyacente siga viva. La ejecución fundada en una escritura pública no tiene un plazo específico de caducidad, pero la prescripción civil general de la acción subyacente —cinco años para las acciones personales sin plazo especial desde la reforma de 2015— sigue corriendo y puede extinguir el derecho sustantivo aunque el título formal se conserve.

Para los préstamos hipotecarios, el art. 1964 CC mantiene un plazo específico de 20 años para la acción hipotecaria, distinto del plazo general. Si el acreedor ha dejado caducar el título ejecutivo, la alternativa es reclamar en un procedimiento declarativo mientras la acción sustantiva siga viva, usando medios de prueba tradicionales como un burofax de reclamación previo (a fecha 2026-04-08).

Fuentes

• Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, arts. 517-518 — recuperado 2026-04-08